El Ayuntamiento de Benissa se dispone a tomar parte activa en la defensa de la calidad de vida de las vecinas y vecinos del municipio. En este caso, el pliego de condiciones para la contratación del suministro eléctrico incluirá cláusulas para defender posibles casos de pobreza energética en el vecindario del municipio.

De este modo, dentro de las puntuaciones para conseguir esta contratación, la empresa suministradora tendrá que tener en cuenta una aportación de protocolo o documento justificativo frente a la pobreza energética, o asumir como obligación esencial del contrato el compromiso que figura en un anexo que indica lo siguiente: “Con carácter previo a efectuar un corte de suministro, respecto a los clientes de la empresa adjudicataria en Benissa, la empresa tiene que solicitar un informe a los servicios sociales municipales para determinar si se encuentra vigente la declaración como hogar en situación de vulnerabilidad social de la Ley 3/2017, o en su defecto se estudie la situación de la casa en riesgo de situación de pobreza energética, en los términos del arte. 3.3 de la citada Ley. Este compromiso se mantendrá en todo caso durante la vigencia del contrato”.

Fernando López Corsi, concejal de Contrataciones, explica que el Ayuntamiento de Benissa “quiere defender los derechos de la ciudadanía, especialmente los derechos de los colectivos más necesitados o con riesgo de exclusión social, puesto que las administraciones públicas nos tenemos que posicionar con las personas”. Igualmente, López Corsi señala que “decidimos incluir cláusulas que dificultan que la empresa adjudicataria del suministro eléctrico del pueblo puedan dejar a familias o personas sin este servicio básico para vivir”.

Una contratación que, además, será nuevamente realizada de manera abierta, para que la competitividad entre las empresas que optan reporte un mayor ahorro para las arcas municipales. El valor estimado del contrato de cuatro años, determinado el importe del presupuesto base de licitación, sin incluir el IVA, multiplicado por los años de duración del contrato, incluidas las posibles prórrogas, asciende a 2.508.000. Una importante cifra que sitúa esta contratación de suministro como la más alta del Ayuntamiento, y a la que ahora se le otorga un contenido de protección social.